El Gobierno define exclusiones en el nuevo esquema de subsidios para luz y gas

El Gobierno avanzó con la implementación del Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), que reemplaza la segmentación tarifaria anterior para las ayudas estatales en luz y gas. Esta normativa fue publicada en el Boletín Oficial y establece que la asistencia estará disponible únicamente para hogares que cumplan con criterios económicos y patrimoniales definidos.

El sistema se basa en un cruce exhaustivo de información entre organismos públicos y una declaración jurada digital para evaluar la elegibilidad de los solicitantes. La Secretaría de Energía será la autoridad responsable de administrar y controlar estos beneficios.

Subsidios a la luz y el gas: quiénes quedarán excluidos del beneficio

Quedarán fuera del subsidio quienes posean un automóvil con antigüedad menor o igual a tres años (excepto titulares con Certificado Único de Discapacidad), tengan tres o más inmuebles registrados a nombre del hogar, cuenten con embarcaciones de lujo o aeronaves, o posean activos societarios que indiquen una capacidad económica elevada.

Los usuarios que ya estaban en el antiguo Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) migrarán automáticamente al nuevo sistema, aunque podrán actualizar sus datos si hay cambios en su situación familiar o económica.

El Gobierno afirma que el objetivo del régimen es identificar con precisión quiénes realmente necesitan la ayuda estatal y evitar asignaciones indebidas, mediante la integración de datos entre la ANSES, la Secretaría de Energía y otros organismos.

Impacto de la quita de subsidios en usuarios residenciales y pymes

El nuevo esquema excluye principalmente a sectores de ingresos medios que poseen bienes o activos de alto valor, quienes pasarán a pagar tarifas más cercanas al costo real del servicio. La actualización de datos puede derivar en la pérdida automática del subsidio si se detectan inconsistencias o cambios patrimoniales, lo que se reflejará en facturas más elevadas durante el año, especialmente en períodos de mayor consumo.

Para las pequeñas y medianas empresas, el esquema endurece los criterios de acceso a la energía subsidiada. Las pymes con capacidad económica comprobable, activos relevantes o facturación superior a los parámetros definidos quedarán fuera del beneficio, lo que implica un aumento de los costos operativos y podría repercutir en precios o márgenes en un contexto económico todavía frágil.