Empresas negocian con Patricia Bullrich para modificar artículos de la Reforma Laboral sin derogar la ley
Cámaras empresarias buscan modificar artículos específicos de la Reforma Laboral con Patricia Bullrich para evitar judicialización y preservar la ley.
Varias cámaras empresarias argentinas, lideradas por la Cámara Argentina de Comercio (CAC), mantuvieron una reunión con la senadora Patricia Bullrich para negociar modificaciones específicas en la Reforma Laboral antes de su tratamiento en el Senado previsto para febrero. El objetivo principal es apoyar el espíritu general de la ley, pero corregir artículos que consideran perjudiciales para la financiación de las entidades empresariales y que fragmentan la negociación colectiva.
Entre los puntos más controvertidos se encuentran la eliminación de la vigencia automática (ultraactividad) de los convenios colectivos, lo que obliga a renegociaciones constantes y genera inseguridad para las pymes; la supresión de las contribuciones patronales solidarias que financian programas de capacitación y centros tecnológicos; la descentralización de la negociación salarial, que podría generar condiciones laborales desiguales; y la facultad de la autoridad laboral para suspender acuerdos homologados, lo que introduce incertidumbre jurídica.
Las cámaras empresarias temen que estos puntos provoquen un aumento en la litigiosidad y debiliten la capacidad de negociación de las pymes frente a sindicatos consolidados. La reunión con Bullrich busca destrabar el proyecto, que obtuvo dictamen en diciembre pero quedó estancado por falta de votos, y lograr un consenso que permita su aprobación en el recinto en la primera quincena de febrero.
Mario Grinman, presidente de la CAC, manifestó su convencimiento de que Argentina necesita cambios en la legislación laboral y que la participación de entidades empresariales puede colaborar en el proceso. Mientras tanto, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Asociación de Industriales Metalúrgicos (ADIMRA) también presionan para modificar aspectos que consideran regresivos y contrarios a derechos laborales establecidos.
$2.990 / mes
Contratación mensual mediante Mercado Pago.