El FMI amplió su estadía en Argentina y mantuvo reuniones con el Ministerio de Economía durante protestas por la reforma laboral

El Gobierno argentino mantuvo una nueva reunión con representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI) en Buenos Aires, en el marco de la misión que se encuentra en la ciudad para auditar las cuentas nacionales. El encuentro tuvo lugar en el quinto piso del Ministerio de Economía, donde también se desarrollaron reuniones paralelas con inversores extranjeros y locales.

Los economistas del FMI, Luis Cubeddu y Bikas Joshi, ingresaron al despacho del viceministro de Economía, José Luis Daza, acompañados por el representante ante el Fondo, Leonardo Madcur. Esta visita corresponde a la segunda revisión del programa económico desde la llegada de la comitiva el jueves pasado.

La misión del FMI se extendió más allá de lo previsto inicialmente, en medio de protestas frente al Congreso que rechazaban el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno y exigido por el organismo internacional. Además, se produjeron tensiones por la difusión de datos de inflación con una fórmula cuestionada por el FMI, que mostró un aumento del 2,9% en enero, la cifra más alta desde marzo.

El Fondo busca revisar las metas fiscales y el rumbo de las reformas para destrabar un desembolso de 1.000 millones de dólares. Aunque el Gobierno logró superávit fiscal, no alcanzó el objetivo de acumulación de reservas, a pesar de las compras del Banco Central por 1.600 millones de dólares desde enero. Tras concluir la misión, los técnicos elevarán un informe al directorio en Washington para la posible liberación de fondos, con expectativas de una dispensa por no cumplir la meta de reservas y posibles ajustes en las condiciones del acuerdo.

En paralelo, funcionarios económicos, incluyendo al coordinador de Energía Daniel González y al ministro de Economía Luis Caputo, mantuvieron reuniones con inversores y sociedades de bolsa para incentivar el ingreso de dólares no declarados al sistema financiero, aprovechando la reglamentación de la Ley de Inocencia Fiscal. Se estima que los argentinos poseen unos 170.000 millones de dólares fuera del sistema, y se busca que exterioricen al menos un 10% de esos fondos.