Desafíos y propuestas para subsanar el déficit de infraestructura en Argentina

El déficit de infraestructura en Argentina es un factor limitante para la competitividad de la producción industrial frente a la apertura externa de la economía. Los altos costos de transporte y energía, junto con su falta de confiabilidad, representan desventajas frente a la competencia de importaciones. Además, existen otros factores como la presión impositiva, el costo del dinero, la inflación y la legislación laboral que también impactan.

La infraestructura incluye transporte (carreteras, ferrocarriles, aeropuertos, puertos y vías navegables), energía (generación, transmisión y distribución eléctrica, gasoductos), comunicaciones y servicios básicos como agua y cloacas. En Argentina, el estado de estos componentes es dispar, con retrasos notables en ferrocarriles y la red caminera, donde más del 50% está en mal estado. La Cámara Argentina de la Construcción estima que solo para llevar la red vial a buen estado se necesitarían 40.700 millones de dólares.

El sistema eléctrico está al límite, con frecuentes interrupciones que generan costos adicionales. El acceso al gas natural por redes llega solo al 53% de la población urbana, principalmente en el nordeste. La provisión de agua corriente ha mejorado, pero las redes cloacales solo alcanzan al 61% de la población urbana y el tratamiento de efluentes es limitado.

Las privatizaciones de los años 90 permitieron avances en infraestructura y servicios, pero ajustes tarifarios por debajo de la inflación generaron dependencia de subsidios. Esto afectó la operación y las inversiones, y persisten problemas de control y transparencia en el sector.

El presupuesto nacional para 2026 destina 4,58 billones de pesos (0,44% del PBI) a infraestructura, principalmente a través de fondos fiduciarios y empresas estatales, que invertirán alrededor del 1% del PBI. Se estima que las provincias aportarán una suma mayor, totalizando cerca del 2% del PBI en inversión estatal. Según el Banco Mundial, un país en desarrollo debería invertir entre 4 y 5% del PBI en infraestructura, lo que implica que el sector privado debería complementar con entre 2 y 3% del PBI, es decir, entre 14.000 y 20.000 millones de dólares anuales. Este desafío impulsa la discusión sobre acelerar las privatizaciones para mejorar la infraestructura nacional.