Aumento de la informalidad laboral impulsa debate sobre modernización en Argentina

El Congreso argentino comenzará próximamente a debatir un proyecto de ley de modernización laboral en un contexto donde la informalidad y el trabajo en negro crecen respecto al empleo formal. Según datos oficiales del INDEC, entre 2016 y el tercer trimestre de 2025, el total de puestos registrados aumentó apenas un 4,4%, con un crecimiento marginal del empleo privado registrado del 1,4%. En contraste, el empleo no registrado y no asalariado creció un 23,1%, alcanzando 11,61 millones de personas, superando a los 11,06 millones de trabajadores registrados.

Este fenómeno refleja un mercado laboral donde predominan los trabajadores cuentapropistas, monotributistas y aquellos fuera de todo registro oficial. Los asalariados registrados cuentan con aportes a la seguridad social y cobertura laboral, mientras que los no registrados carecen de estos beneficios, enfrentando mayor fragilidad y menor estabilidad.

El aumento de la informalidad se acompaña de un crecimiento en las horas trabajadas por asalariados no registrados (+3,6%) y no asalariados (+3,3%), mientras que las horas trabajadas por asalariados registrados disminuyeron un 1,7%. Este escenario se da en un contexto económico con ajuste fiscal y recesión inicial, que ha impulsado a las empresas a adoptar esquemas laborales más flexibles y a recurrir a la informalidad.

El debate legislativo apunta a mejorar la calidad del empleo y ampliar la formalidad, pero la evidencia indica que el crecimiento del empleo formal depende principalmente de la expansión económica y las inversiones. La reforma laboral puede ser una herramienta útil, pero no reemplaza la necesidad de crecimiento para generar empleo formal, mejores salarios y mayor productividad.

La informalidad laboral genera impactos sociales y económicos significativos, incluyendo menor protección social, dificultades para el acceso a créditos y alquileres, y una presión futura sobre el sistema previsional. También afecta la recaudación fiscal y distorsiona la competencia empresarial, dificultando la inversión y el desarrollo productivo.