Venezuela inicia proceso para retirarse de la Corte Penal Internacional y dejar de reconocer su jurisdicción
Venezuela anunció el inicio del proceso para retirarse de la Corte Penal Internacional, denunciando el Estatuto de Roma y cuestionando la jurisdicción del tribunal.
El Gobierno de Venezuela anunció el viernes 24 de julio de 2026 el inicio del proceso para retirarse de la Corte Penal Internacional (CPI), comunicando formalmente a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) su decisión de denunciar el Estatuto de Roma, tratado constitutivo del tribunal con sede en La Haya.
El canciller Félix Plasencia informó que la notificación fue enviada al secretario general de la ONU, António Guterres, y aseguró que se trata de una decisión "firme e irrevocable", adoptada conforme al artículo 127 del Estatuto de Roma, que regula el procedimiento de retiro de los Estados miembros.
De esta manera, Venezuela dejará de reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, en medio de una prolongada disputa con el organismo por las investigaciones abiertas sobre presuntos crímenes de lesa humanidad atribuidos a funcionarios del Estado venezolano.
El Gobierno denunció un "sesgo" de la Corte
Plasencia afirmó que la CPI ha concentrado de manera desproporcionada sus investigaciones en países de América Latina y África, lo que, según sostuvo, evidencia un funcionamiento parcial del sistema de justicia internacional.
El canciller aseguró que el tribunal ha sido utilizado como una herramienta política que vulnera la soberanía de los Estados y el derecho de los pueblos a la autodeterminación, y remarcó que Venezuela mantiene su compromiso con una justicia internacional "equitativa", pero rechazó la legitimidad de la Corte para intervenir en asuntos que considera de jurisdicción interna.
La salida se produce tras años de enfrentamientos con la CPI
La investigación sobre Venezuela fue abierta en 2018 para analizar denuncias de presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos desde 2017, principalmente durante la represión de manifestaciones y la persecución de opositores. La CPI concluyó en 2023 que no existían investigaciones nacionales efectivas y autorizó la continuidad del proceso.
La Asamblea Nacional, controlada por el chavismo, aprobó en diciembre de 2025 una ley para derogar la adhesión de Venezuela al Estatuto de Roma, justificando la medida en la pérdida de credibilidad de la CPI y su subordinación a intereses políticos.
Contexto político
El anuncio fue realizado por el canciller Plasencia por instrucciones de Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela tras la detención de Nicolás Maduro en Estados Unidos. El Gobierno sostiene que el retiro busca impedir la utilización política de la justicia internacional y reafirma su defensa de la soberanía y la autodeterminación.
$2.990 / mes
Contratación mensual mediante Mercado Pago.