Honduras bajo Nasry Asfura: recortes estatales y aumento de la violencia en contexto de regreso de Juan Orlando Hernández
El gobierno de Nasry Asfura implementa recortes al Estado mientras enfrenta un incremento de la violencia, coincidiendo con el retorno del expresidente Juan Orlando Hernández tras su indulto en Estados Unidos.
Nasry Asfura asumió la presidencia de Honduras el 27 de enero de 2026 con la promesa de reducir el tamaño del Estado para hacerlo más austero y eficiente en un país de 11 millones de habitantes. Su administración eliminó diez instituciones y recortó personal en 113 entidades en menos de un mes, incluyendo organismos clave como la Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción.
En el sector salud, Asfura se autonombró ministro y aprobó un fideicomiso de 500 millones de lempiras (unos 18,7 millones de dólares) para enfrentar la crisis sanitaria, buscando resolver el desabastecimiento de medicamentos y reducir la mora quirúrgica. Sin embargo, cuatro meses después, los hospitales públicos siguen reportando deficiencias y solo se han realizado 227 cirugías, con críticas sobre la posible privatización del sistema.
La violencia también se ha incrementado. En el primer trimestre de 2026, los homicidios aumentaron un 5,65% respecto al año anterior, con al menos 18 masacres reportadas y una tasa de 26,6 homicidios por cada 100.000 habitantes, manteniendo a Honduras como uno de los países más violentos de América Latina. Además, se registran altos índices de feminicidios y extorsiones, mientras el gobierno aún no presenta un Plan Nacional de Seguridad.
El contexto político se complica con el regreso del expresidente Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico en Estados Unidos e indultado por Donald Trump. Hernández retornó a Honduras tras la anulación de una orden de captura en su contra, generando incertidumbre y preocupación por la influencia del llamado 'Estado profundo' en la gobernabilidad del país.
El gobierno de Asfura también ha estrechado relaciones con Israel y ha favorecido al sector privado, mientras enfrenta críticas por irregularidades electorales y la falta de avances en la lucha contra la corrupción y la violencia.
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