Juez federal ordena retorno o debido proceso para venezolanos deportados a El Salvador
Más de 100 venezolanos deportados a El Salvador deben ser regresados a EE.UU. o recibir audiencias con garantías legales, según fallo judicial.
Un juez federal de Washington ha ordenado al Gobierno de Estados Unidos que presente, antes del 5 de enero de 2026, un plan para remediar las violaciones al debido proceso cometidas contra más de 100 venezolanos deportados en marzo a una prisión de máxima seguridad en El Salvador. La decisión cuestiona el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para deportar a personas señaladas como miembros de una organización criminal sin ofrecerles una audiencia previa.
El fallo fue emitido por el juez James E. Boasberg, del Distrito de Columbia, quien concluyó que los venezolanos deportados fueron privados de sus derechos constitucionales. El magistrado ordenó que el Gobierno facilite el regreso de los afectados a Estados Unidos o les ofrezca audiencias que cumplan con los estándares del debido proceso, incluso si se llevan a cabo en el extranjero.
La medida afecta a 137 venezolanos enviados a la prisión de máxima seguridad CECOT en El Salvador tras una proclamación presidencial del 15 de marzo de 2025. En total, más de 200 migrantes fueron trasladados a ese centro penitenciario, aunque no todos bajo la misma ley. Todos fueron devueltos a Venezuela en julio como parte de un intercambio de prisioneros negociado por Estados Unidos.
La administración Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros para declarar a presuntos miembros del grupo criminal Tren de Aragua como “enemigos extranjeros” y deportarlos aceleradamente. Sin embargo, investigaciones posteriores revelaron que muchos deportados no tenían antecedentes penales. El juez sostuvo que Estados Unidos mantuvo “custodia constructiva” sobre los detenidos, ya que el encarcelamiento fue solicitado y financiado parcialmente por Washington, por lo que debieron tener oportunidad de impugnar su designación antes de ser expulsados.
Organizaciones de derechos humanos denunciaron que los venezolanos detenidos en CECOT sufrieron abusos graves, incluyendo golpizas y casos de abuso sexual. La Unión Americana de Libertades Civiles aplaudió la decisión judicial, mientras que la administración Trump indicó que probablemente apelará el fallo.
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