Gobierno negocia votos en el Senado para la reforma laboral amid disputa entre sindicatos y gobernadores

El Gobierno y la oposición se preparan para la sesión clave del 11 de febrero de 2026, cuando comenzará la discusión en el Senado sobre la reforma laboral. El oficialismo cuenta con 20 votos propios y necesita alcanzar 37 para aprobar la iniciativa, por lo que negocia con sectores del radicalismo y gobernadores. El peronismo, con 27 senadores, está dividido y los gobernadores juegan un papel decisivo en las negociaciones.

La estrategia oficialista incluye un diálogo más abierto con los opositores, con interlocutores como Martín Menem, "Lule" Menem y el ministro del Interior Diego Santilli, quienes tienen afinidad con la dirigencia sindical. Se busca suavizar posturas internas para facilitar acuerdos, mientras Patricia Bullrich impulsa una comisión para articular objeciones y coordinar con bloques aliados.

Los sindicatos y la oposición

La CGT mantiene abierta la posibilidad de diálogo, aunque principalmente para fortalecer la imagen dialoguista del Gobierno. El oficialismo teme que la resistencia sindical unifique a la oposición, como ocurrió en 2017 con la reforma previsional. Solo Axel Kicillof ha apoyado públicamente los planteos de la CGT, mientras otros sectores del peronismo se mantienen tibios o delegan la responsabilidad a la central obrera.

La CGT anunció una gira nacional para exponer su rechazo a la reforma ante gobernadores, con dirigentes como Cristian Jerónimo, Jorge Sola y Jorge "Pájaro" Argüello al frente. Los gobernadores están preocupados por el impacto tributario de la reforma, que implica recortes en impuestos coparticipables, y condicionan su apoyo a posibles alivios financieros.

La AFA y los fondos sindicales

En paralelo, crece un escándalo en la AFA por el manejo de fondos, con defensas que argumentan que son recursos de clubes y la entidad, sin intervención estatal. Esto refleja un problema similar al de los fondos sindicales y obras sociales, donde la falta de transparencia y control favorece a dirigentes con poder y recursos acumulados desde hace décadas.

El conflicto central con la CGT gira en torno al derecho de huelga, la ultraactividad de convenios, la cuota solidaria y la creación del Fondo de Asignación Laboral (FAL), que se financiaría con un aporte obligatorio del 3% de las contribuciones patronales. La central obrera sostiene que el FAL desfinancia el sistema previsional y de salud y otorga al Estado un manejo discrecional de esos recursos.

Confusión entre representación y propiedad

La reacción de la CGT refleja una lógica de autopreservación de una dirigencia que confunde representación con propiedad. Los derechos laborales aparecen más como herramientas para conservar poder y recursos que como conquistas a proteger. Mientras el trabajo se precariza, la central mantiene una estructura cerrada con líderes que no rinden cuentas y administran recursos millonarios sin control efectivo. La reforma laboral pone en juego no solo las relaciones laborales sino también la persistencia de estructuras opacas que controlan cajas y poder real.