La Justicia acepta al Gobierno como querellante en la causa contra la AFA

La Justicia dio un paso clave en la causa que investiga a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por presuntas irregularidades fiscales al aceptar al Gobierno nacional como parte querellante. El juez en lo Penal Económico Diego Amarante habilitó a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a intervenir formalmente en el expediente, que analiza una supuesta apropiación indebida de más de 19.000 millones de pesos por parte de la entidad que conduce Claudio “Chiqui” Tapia.

La decisión, adoptada el viernes pasado, permite que los abogados del organismo recaudador accedan plenamente a la causa, soliciten medidas de prueba y apelen resoluciones judiciales. De este modo, ARCA se constituye en un acusador privado directo dentro del proceso penal, lo que refuerza la ofensiva judicial contra la cúpula de la AFA.

El expediente se originó a partir de una denuncia presentada por la propia ARCA el 12 de diciembre, en la que advirtió que la AFA retenía fondos correspondientes a impuestos y contribuciones de los clubes afiliados, pero no los transfería al Estado. A partir de esa presentación, el fiscal en lo Penal Económico Claudio Navas Rial impulsó la apertura de la investigación e imputó a las autoridades de la entidad por el delito de evasión agravada.

Ante la magnitud del presunto perjuicio fiscal y el riesgo de demora en la obtención de pruebas, el juez Amarante resolvió habilitar la feria judicial de enero. Esta medida excepcional permitió que el juzgado continuara operativo durante el receso de verano y aceleró decisiones procesales clave, como la aceptación de la querella estatal.

Según el escrito presentado por los abogados de ARCA, Vanina Mariel Vidal y Matías Alejo Gentile Brezigar, el daño económico denunciado asciende a $19.353.546.843,85. Las irregularidades detectadas abarcan el no ingreso de IVA, Impuesto a las Ganancias y Contribuciones a la Seguridad Social en un período que va de marzo de 2024 a septiembre de 2025, con deudas que superan los $8.000 millones en Ganancias y los $8.600 millones en aportes previsionales.

En su presentación, el organismo recaudador sostuvo que la AFA “conocía su obligación, había practicado las retenciones y se encontraba en condiciones de cumplir con el depósito”, pero optó por no hacerlo. Para el fisco, no se trata de una simple deuda impositiva, sino de una “indebida apropiación de caudales públicos”, ya que los fondos retenidos pertenecen al Estado desde el momento mismo de su percepción.

Con la causa avanzando a ritmo acelerado, el fiscal Navas Rial imputó formalmente a Tapia y el juez ordenó una serie de medidas para reconstruir la denominada “ruta del dinero”. Entre ellas, se libraron oficios al Banco Central y a las entidades bancarias que operan con la AFA para analizar los movimientos financieros, mientras que la defensa de la entidad, a cargo del abogado Norberto Frontini, ya se presentó en el expediente sin realizar aún descargos de fondo.