Gobierno impulsa reforma laboral y enfrenta resistencia sindical

En enero de 2026, el ministro del Interior, Diego Santilli, realizó una gira por diversas provincias argentinas para asegurar los votos necesarios en el Senado para aprobar un proyecto de modernización laboral. Este proyecto ya cuenta con dictamen favorable en la Comisión de Legislación del Trabajo y busca actualizar el régimen laboral vigente.

El oficialismo identificó tres grupos entre los gobernadores: quienes apoyan explícitamente la reforma, quienes están dubitativos pero no bloquearán el avance, y el espacio de Provincias Unidas, que conceptualmente coincide con la iniciativa. Sin embargo, seis gobernadores peronistas, en línea con la CGT, manifestaron un rechazo cerrado al proyecto.

Por su parte, el sindicalismo peronista endureció su discurso en las últimas semanas. Sectores confrontativos de la CGT impulsan movilizaciones y un posible paro, y buscan convencer a gobernadores para que no apoyen la reforma. Además, la central sindical amenaza con judicializar aspectos del proyecto, como la ampliación del concepto de servicios esenciales, que limita el derecho de huelga, y la creación de un Fondo de Asistencia Laboral para cubrir indemnizaciones.

Referentes sindicales históricos, como Luis Barrionuevo y Hugo Moyano, se sumaron a la resistencia, reclamando también la reapertura de paritarias y cuestionando la política salarial del Gobierno. En este contexto, el oficialismo confía en alcanzar la media sanción en el Senado el 11 de febrero, mientras que en Diputados se espera una oposición más fragmentada y dura.

La disputa refleja un escenario político tenso entre el Gobierno y el sindicalismo, con un sindicalismo dividido y un peronismo que busca consolidar una causa común a través de la protesta social, mientras el oficialismo apuesta a tramitar la reforma sin estridencias.