Gobierno argentino impulsa reformas laborales y penales en medio de tensión política

Durante un fin de semana largo, el Gobierno argentino logró la media sanción en el Senado de dos leyes clave: la reforma laboral y la modificación del sistema penal juvenil que reduce la edad de imputabilidad. Estas normas afectan sistemas que se consideraban intocables en las últimas décadas.

Se espera que ambas leyes sean aprobadas sin cambios en las cámaras revisoras en las próximas dos semanas, antes de la apertura de sesiones ordinarias. El oficialismo mantiene una vigilancia estricta para evitar modificaciones que retrasen su aprobación, aunque ya surgieron críticas, como la exclusión de las billeteras virtuales para acreditar sueldos, un punto que enfrenta a fintechs con bancos.

Para asegurar la aprobación, el Gobierno hizo concesiones a diversos sectores: eliminó la rebaja del impuesto a las ganancias que afectaba a gobernadores, mantuvo asignaciones a cámaras empresariales y preservó cargas patronales para gremios. Estas negociaciones internas y externas reflejan un pragmatismo que contrasta con el relato oficial de pureza libertaria.

Además, el oficialismo planea avanzar en reformas adicionales, como la modificación del financiamiento universitario, la ley de glaciares para impulsar la minería y una reforma electoral. También persisten intenciones de ocupar vacantes en la Corte Suprema y la Procuración General, aunque requieren mayor consenso en el Senado.

El contexto político muestra divisiones en la oposición y apoyos parciales de sectores peronistas, mientras el Gobierno monitorea con preocupación la conflictividad social, evidenciada en recientes protestas policiales. El panorama económico es complejo, con caída del poder adquisitivo y aumento del pluriempleo, lo que añade tensiones al escenario político.