Diputados opositores proponen reformas al INDEC tras la renuncia de Marco Lavagna

La salida de Marco Lavagna del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), en medio de tensiones con el Gobierno por las mediciones oficiales, reactivó en el Congreso un debate de fondo sobre cómo reformar el sistema estadístico para sostener credibilidad y evitar nuevas polémicas.

En las últimas semanas ingresaron o volvieron a ponerse en agenda tres proyectos distintos con diagnósticos comunes, pero soluciones diferentes. Todos parten de una misma preocupación —la desconfianza sobre los datos oficiales—, pero proponen caminos institucionales, políticos y técnicos divergentes.

El INDEC fuera del Ejecutivo: la propuesta de Galmarini

El proyecto más disruptivo es el presentado por Sebastián Galmarini, del Frente Renovador, que plantea sacar al INDEC de la órbita del Poder Ejecutivo y trasladarlo al ámbito del Congreso. Propone derogar el decreto-ley 17.622 y crear un nuevo INDEC como organismo autónomo y autárquico, con una conducción colegiada de tres directores: dos designados por las principales minorías opositoras en Diputados y el Senado, y uno por el Poder Ejecutivo. El director general tendría mandato extendido para atravesar distintos períodos de gobierno.

El proyecto de la era Macri que reflotó la Coalición Cívica

La Coalición Cívica decidió volver a presentar un proyecto enviado al Congreso en 2019 por el gobierno de Mauricio Macri, que mantiene al INDEC dentro del Poder Ejecutivo, bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, pero con autarquía financiera, concursos públicos para sus autoridades y respaldo en estándares internacionales. El esquema prevé un Director Ejecutivo designado por concurso con acuerdo del Senado, un director técnico seleccionado por antecedentes, un Consejo del Sistema Estadístico Nacional consultivo y una Comisión Bicameral de Seguimiento con funciones de control.

Actualización en la medición de la inflación

El tercer proyecto, presentado por la diputada Roxana Monzón, pone el foco en la actualización de la canasta del IPC y de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo). Establece la obligación legal de actualizar la ENGHo y las ponderaciones del IPC cada cinco años como máximo, incorporando gastos actuales como alquileres, servicios públicos, salud, educación, transporte y conectividad digital. También exige mayor desagregación regional y provincial de los datos.