Diputados cordobeses reclaman infraestructura y fondos para aplicar la reforma penal juvenil

En el marco del debate en el Congreso sobre la baja de la edad de imputabilidad, tres diputados cordobeses firmaron el dictamen general del nuevo Régimen Penal Juvenil, pero expresaron disidencias en aspectos centrales del proyecto. Los legisladores Alejandra Torres, Ignacio García Aresca y Juan Brugge destacaron la necesidad de contar con infraestructura adecuada y fondos suficientes para la aplicación efectiva de la reforma.

La diputada Alejandra Torres explicó en el programa "Es por acá" de Punto a Punto Radio que acompañaron la iniciativa en general, pero plantearon diferencias en tres puntos fundamentales: las condiciones materiales para alojar a los menores, el financiamiento para políticas juveniles y la escala penal diferenciada por edades. Señaló que la detención no debe ser solo un castigo, sino que debe incluir la resocialización y reconstrucción de la vida de los jóvenes, lo que requiere establecimientos especiales y equipos capacitados.

En cuanto al financiamiento, Torres remarcó que Córdoba implementa desde 2025 una política juvenil restaurativa que demanda recursos sostenidos y profesionales capacitados. Por ello, cuestionó que el proyecto no garantice claramente la asignación presupuestaria para su ejecución en todas las jurisdicciones. Además, propuso que la aplicación de las penas sea progresiva según la edad y la gravedad del delito, y que los antecedentes penales prescriban en un plazo determinado, sugerido en diez años.

El proyecto, que corresponde a un texto de 2024, fue retirado en una versión anterior que incluía la asignación de fondos y proponía bajar la edad de imputabilidad a 13 años. Con el dictamen ya firmado, el tratamiento continúa en el recinto con apoyos generales pero diferencias en aspectos clave como la infraestructura y los recursos para garantizar la implementación efectiva del régimen.