Diputada cordobesa Gabriela Estévez respalda proyecto para que el Congreso controle la deuda con el FMI
Gabriela Estévez apoya un proyecto para que el Congreso decida sobre el endeudamiento con el FMI y se establezca un techo legal a la deuda.
La diputada nacional Gabriela Estévez afirmó que "la deuda no puede ser una política de Estado" al respaldar un proyecto presentado por su par Máximo Kirchner que propone una Ley Marco para la defensa de la posición argentina frente al FMI. Esta ley busca devolver al Congreso la facultad de decidir sobre el endeudamiento externo, establecer un techo legal a la deuda y exigir la revisión del excedente extraordinario otorgado en 2018.
Estévez destacó que el crédito otorgado en 2018 no fue una decisión unilateral de Argentina, sino también una decisión política del FMI tomada fuera de sus propias reglas, por lo que la corresponsabilidad debe ser parte de la negociación. "Un país soberano honra sus compromisos, pero nunca resigna el futuro de su pueblo para cumplirlos", concluyó la legisladora.
Detalles del proyecto de ley
La iniciativa apunta contra el Decreto de Necesidad y Urgencia 179/2025, mediante el cual el gobierno nacional instrumentó el Programa de Facilidades Extendidas con el FMI por DEG 15.267 millones, equivalentes a aproximadamente 20.000 millones de dólares, sin la consideración del Congreso.
El proyecto establece que las acciones incumplidas podrían ser revisadas y declaradas nulas o inoponibles internacionalmente, y responsabiliza a los funcionarios involucrados por daños al Estado nacional. Los principios del proyecto incluyen soberanía económica, corresponsabilidad entre acreedor y deudor, sostenibilidad de la deuda según la capacidad de pago, transparencia y control democrático.
Además, se fundamenta en un informe de la Oficina de Evaluación Independiente del FMI que calificó la deuda de 2018 en "zona gris" debido a divisiones internas sobre el cumplimiento de criterios de acceso excepcional. En ese momento, 45.100 millones de dólares salieron del país por formación de activos externos del sector privado, frente a 44.500 millones aportados por el FMI.
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