Oposición y organismos de DD.HH. impulsan la derogación del decreto sobre cibervigilancia en Argentina

El gobierno argentino promulgó el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 941/25 que modifica la Ley de Inteligencia Nacional para incorporar nuevas tecnologías en materia de inteligencia interna. Este decreto habilita el uso de herramientas avanzadas de cibervigilancia y amplía las facultades de las fuerzas de seguridad en el intercambio de información para la defensa nacional y la seguridad interior.

La medida generó una fuerte reacción de la oposición política y organismos de derechos humanos, quienes presentaron un amparo judicial para frenar el decreto. Argumentan que el DNU no solo reorganiza administrativamente la Secretaría de Inteligencia, sino que también introduce facultades punitivas y de detención directa, lo que consideran una invasión a la competencia exclusiva del Congreso y una vulneración constitucional.

En el centro de la polémica está la empresa tecnológica Palantir, que asesora a gobiernos como el de Estados Unidos, Israel y Alemania, y que provee software para detectar amenazas y realizar vigilancia masiva. Palantir utiliza una plataforma llamada Ontología que integra datos digitales y físicos para crear un gemelo digital de organizaciones y facilitar la inteligencia.

Desde el gobierno se sostiene que el decreto permite proteger al país frente a amenazas contemporáneas, delimita competencias, reduce la estructura del sistema de inteligencia y fortalece los controles estatales, cumpliendo con estándares democráticos y republicanos. Sin embargo, el debate continúa abierto mientras el Parlamento tiene la posibilidad de rechazar el decreto.