La Casa Rosada advirtió con sanciones y cárcel antes de acordar con los prácticos marítimos
El Gobierno nacional anunció medidas punitivas para los prácticos marítimos antes de alcanzar un acuerdo que finalizó una protesta que paralizó puertos.
El 4 de agosto de 2026, la Casa Rosada advirtió que se aplicarían sanciones disciplinarias e incluso penas de cárcel a los prácticos marítimos que paralizaron la actividad portuaria en Argentina. El vocero presidencial, Adrián Ravier, señaló que la decisión sobre las sanciones se estaba tomando en ese momento mientras se negociaba con el sector para resolver el conflicto.
La protesta de los prácticos marítimos se extendió por cuatro días, afectando puertos como el de La Plata y poniendo en riesgo el abastecimiento de combustible y las exportaciones. Esta situación se originó tras la implementación del Decreto 690/2026, que desreguló la actividad con el objetivo de reducir costos, medida rechazada por el sector.
Más de 500 trabajadores recibieron una intimación formal de la Prefectura Naval Argentina, autoridad encargada de la regulación y disciplina de los servicios de practicaje y pilotaje, para que retomaran inmediatamente sus tareas. El edicto publicado en el Boletín Oficial advirtió que la negativa a prestar servicio sería considerada una falta grave y podría derivar en sanciones disciplinarias y penales.
El gobierno mencionó además los artículos 190 y 194 del Código Penal, que establecen penas de prisión de dos a ocho años y de tres meses a dos años respectivamente, para quienes entorpezcan el normal funcionamiento de los transportes y servicios públicos. Finalmente, a última hora del día se concretó un acuerdo que puso fin a la protesta.
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