Comunidad mapuche se pronuncia tras declaraciones de Ortiz Luna sobre Camping Correntoso

La controversia en torno al Camping Correntoso, ubicado sobre el lago homónimo en Villa La Angostura, sumó un nuevo capítulo luego de que la comunidad mapuche Paisil Antriao saliera públicamente a responderle a la secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgos de Neuquén, Luciana Ortiz Luna.

La reacción se produjo tras declaraciones de la funcionaria provincial en FM Andina, donde afirmó que es responsabilidad del Municipio clausurar campings no habilitados en los que se encienden fuegos al aire libre, en un contexto de alto riesgo de incendios forestales.

Declaraciones que generaron respuesta

Ortiz Luna señaló que la Provincia no tiene competencia directa para cerrar este tipo de predios y que la responsabilidad recae en el Ejecutivo municipal. Sus dichos fueron interpretados como un señalamiento directo al Camping Correntoso, lo que generó repercusiones inmediatas.

El planteo se dio en medio de la preocupación por los incendios forestales que afectaron miles de hectáreas de bosque nativo en la región patagónica durante los últimos veranos.

Respuesta de la comunidad Paisil Antriao

A través de su sitio de Facebook, el lof Paisil Antriao cuestionó con dureza a la funcionaria provincial y puso en duda la coherencia de sus declaraciones, expresando que Ortiz Luna se muestra preocupada después de que miles de hectáreas se incendiaron por falta de prevención en la provincia.

La comunidad remarcó que las responsabilidades en materia de prevención no pueden limitarse a la clausura de un camping y destacó la ausencia de servicios básicos, como un sistema de agua potable para más de 70 familias, lo que dificulta la prevención de incendios.

Invitación a visitar el lof

Los integrantes del lof invitaron a Ortiz Luna a conocer el Camping Correntoso y la realidad en la que trabajan para prevenir siniestros, señalando que el tema es complejo y requiere mayor compromiso y recursos.

Conflicto más amplio

Este intercambio refleja un conflicto que combina riesgos ambientales, responsabilidades estatales y derechos de las comunidades originarias. Mientras el Gobierno provincial insiste en reforzar controles para evitar incendios, la comunidad reclama presencia estatal real, inversión y diálogo en lugar de señalamientos públicos.